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martes, 15 de diciembre de 2009

Suspendido sin remedio.

Una vez más, a pesar de que durante las dos últimas décadas el Gobierno de España ha cambiado varias veces de “color” político y en parte gracias a la nula presión ofrecida por la oposición de turno, el país vuelve a estar a la cola europea en lo que a al conocimiento y protección de la biodiversidad se refiere. Es triste, pero hasta la fecha España no ha obtenido jamás ni siquiera un ajustado “aprobado” en la gestión de su riqueza natural.
Según la evaluación que el pasado verano llevó a cabo la Comisión Europea sobre conservación y biodiversidad, el Gobierno español obtiene una nota muy deficiente en materia de protección ambiental, afirmando que apenas un 1 % de los hábitats amenazados del territorio nacional recibe una correcta gestión y protección; además, el informe presentado al respecto sostiene que no más del 12 % de las especies de Flora y Fauna españolas gozan de un buen estado de conservación.
Presentado de este modo, la situación puede parecer insalvable, pero a pesar de su gravedad no refleja fielmente el estado actual del ecosistema, debido a que el ejecutivo ni siquiera se ha molestado en aportar los datos exigidos para realizar una valoración consistente. Tal falta de datos ha provocado en parte una infravaloración ciertamente injusta, pero es probable que esto se vea compensado por los numerosos errores y falsos datos que quedan reflejados en los aportes cedidos a la Comisión.
Un buen ejemplo de ello es el informe presentado acerca de la población de Ursus arctos pyrenaicus; en él se afirma que el Oso pardo cantábrico cuenta con una población bien preservada y diversificada, lo cual choca abruptamente con la realidad, pues apenas un centenar de Osos sobreviven en la Cordillera Cantábrica, lo cual sitúa a la subespecie en peligro crítico de extinción. Algo similar ocurre con Lynx pardinus, pero la Comisión Europea ya conoce más de cerca los pormenores del estado poblacional de este bello Lince.

La pérdida de hábitat sigue agravándose.

Desgraciadamente no es España la excepción que confirma la regla, pues al margen de aquella aplaudida “Directiva de Hábitats” que en 1.992 fue aprobada con el fin de regular las leyes europeas sobre biodiversidad y conservación, en la actualidad ninguno de los países miembros aplica con rigor unas leyes que ya por sí mismas son ineficaces y primitivas, dejando así un amplio margen de acción a aquellas actividades que atentan directamente contra la integridad del entorno natural. Me gustaría citar como ejemplo las dos minas ilegales que siguen operando en el Monumento Natural de las Médulas (León, España), todo un Patrimonio Natural de la Humanidad declarado por la UNESCO hace doce años, las cuales siguen devastando un entorno único de incalculable valor pese a que los tribunales ordenaron su cierre hace varios años y fueron precintadas por la Policía Nacional.
Según datos de la citada Comisión Europea, no más de un ridículo 0,1 % del presupuesto de la Unión Europea se destina a la protección de hábitats y recuperación de especies amenazadas; con ello solo treinta céntimos de los doscientos treinta y cinco euros que cada europeo paga en concepto de impuestos a la Unión son destinados a esta labor; sobra indicar que se trata de una postura inaceptable frente a una causa tan fundamental para el bienestar común de los propios europeos en particular y el mundo en general.
En el caso particular de España, son tres los factores que en mayor medida están atentando frontalmente contra la preservación de especies y ecosistemas; la expansión incontrolada e irresponsable de urbanizaciones e infraestructuras que han eliminado y fragmentado valiosos hábitats, algunos de los cuales reflejados en la célebre Red Natura 2.000; la pesca abusiva que ha sobreexplotado caladeros y ha devastado extensas llanuras submarinas y la agricultura intensiva practicada durante décadas que ha mermado las zonas boscosas del país y ha empobrecido el suelo antaño fértil.
Va siendo hora de prestar la debida atención a nuestro entorno natural, desafortunadamente no se perciben sanciones justas para los países que desatienden sus obligaciones medioambientales, sumiendo a Europa en un caos del que siempre salen perdiendo los mismos; los entornos naturales y las especies que los habitan. Si no es solventada esta acuciante situación, mucho me temo que la financiera será la menor de nuestras crisis.

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